lunes, 23 de junio de 2008

La subida del petróleo y las protestas consiguientes...




El barril de petróleo Brent, que costaba, en media anual, 17,97 dólares en 1999, 28,89 en 2003, y 72,46 en 2007, ha pasado a cotizarse ahora por encima de los 130 dólares. Se ha multiplicado su precio, pues, por más de cinco, de manera similar a como lo hizo en los años 70 del siglo XX cuando provocó una gran crisis económica en todo el mundo desarrollado. Es verdad que entonces lo hizo de manera brusca por una reducción en la oferta y que ahora ha sido casi a cámara lenta y por el incremento constante de la demanda de países como China e India que se están incorporando al crecimiento.

Pero la impresión mayoritaria es que el alza actual, más allá de algún posible descenso, ha venido para quedarse.


Lo aprendido en el primer shock petrolífero de 1973, es muy útil. No trasladar a los consumidores la realidad de los nuevos precios del petróleo fue posible, entonces, por la existencia de un monopolio estatal de petróleos. La liberalización económica experimentada por nuestro país hace que, ahora, ese error no se pueda cometer de la misma manera. Además, algo más hemos aprendido sobre el funcionamiento de la economía y en base a ello se habla hoy del efecto "pedagógico" de trasladar las subidas de precio a los consumidores para que modifiquen, así, sus hábitos de consumo.

Algunos de los sectores que encabezan las protestas ya pagan el carburante con una importante rebaja impositiva: el gasóleo agrícola lleva años costando mucho menos que el destinado a otros usos; el pesquero está casi exento del impuesto especial y del IVA; y poco a poco se va introduciendo el llamado "gasóleo profesional" para transportistas, con impuestos rebajados.


Quizás por ello, lo que han reclamado los transportistas no ha sido tanto una rebaja adicional en los impuestos de los carburantes, sino una tarifa mínima que cubra costes y asegure rentas. Demanda esta imposible de aceptar en una economía libre de mercado a la europea, ya que Bruselas impondría las correspondientes sanciones al Estado español.

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